mié. Nov 14th, 2018

Masacre minera alerta sobre estado forajido en el sur de Venezuela

Los habitantes de las zonas mineras de Venezuela están acostumbrados a la violencia. Pero la matanza de al menos 28 personas el viernes 4 de marzo cerca de una mina de oro en el selvático estado Bolívar movilizó a los dolientes a trancar el paso de una carretera que va hacia Brasil para denunciar el crimen y exigir al gobierno que le devuelvan a sus muertos.

“Ni siquiera estamos pidiendo justicia, porque no creemos en la justicia venezolana. Aquí la justicia es ciega y sorda. Lo que queremos son los cadáveres”, dijo el padre de uno de los desaparecidos a la prensa local.

Pero la Guardia Nacional Bolivariana dispersó a los manifestantes y restituyó el paso por la Troncal 10 el jueves 10 de marzo en la madrugada. El altar improvisado con las fotos de los desaparecidos quedó hecho trizas.

Hablan los sobrevivientes

Los sobrevivientes tiene miedo a identificarse y con razón. Aseguran que parte de la masacre ocurrió a 20 minutos en moto de la localidad de Tumeremo, en una alcabala formada por miembros del crimen organizado y presuntos funcionarios de la misma Guardia Nacional y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los testimonios coinciden en que todo el que intentaba llegar o salir de una nueva veta de oro encontrada el viernes en la mañana en la mina Atenas era detenido. El que se ponía nervioso, ofrecía resistencia a la requisa o intentaba huir era ejecutado. Otro grupo habría sido asesinado justo en el lugar del hallazgo mineral.

Los testigos relataron que sujetos de la banda de “El Topo” asesinaron y descuartizaron a los mineros, en represalia por evadir el pago de las cuotas exigidas por el derecho a buscar oro en la nueva veta.

Pero los últimos relatos develan que el mortal escarmiento estaba anunciado. La periodista Pable Ostos dijo el miércoles por Twitter que en el pueblo aseguran que desde hace dos semanas Hendry Noberto Bonalde, alias el Topo, había amenazado “arremeter” contra los mineros.

Bonalde era considerado por las autoridades regionales el tercer hombre más buscado del estado Bolívar y supuestamente había sido capturado en una operación élite en mayo de 2015. Pero testigos aseguraron que Bonalde estuvo presente en las ejecuciones.

Y es precisamente el ensañamiento lo que ha desatado la indignación de los familiares y los sobrevivientes, quienes relataron que los criminales mataron uno a uno con ráfagas de proyectiles, los desmembraron con sierras eléctricas y luego trasladaron los cuerpos en un camión por la Troncal 10 hacia un rumbo desconocido.

El estudiante de derecho Ángel Sosa, de 30 años, fue uno de los ejecutados por hombres ataviados con capuchas y uniforme militar. Su padre, Juan Sosa, tiene esa certeza porque su hijo murió en los brazos de un amigo que fue baleado en una pierna pero que logró vivir para contarlo.

Aunque ni su cadáver, ni el de las otras 27 víctimas, ha aparecido, sus familiares ya rezan su novenario, tradición católica de orar durante nueve días consecutivos por el descanso eterno de un difunto.

(Cortesía El Estímulo)

Las autoridades se lavan las manos

La primera reacción del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, fue desmentir a los testigos. Luego declaró que el hecho violento fue un enfrentamiento entre bandas rivales de la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, tardó tres días en declarar. Ordenó la militarización de las zonas mineras para agilizar las investigaciones, desestimó la participación de efectivos militares en el hecho y apuntó hacia otra hipótesis. “Todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar. Pero yo pido que esperemos los resultados de la investigación”, expresó Maduro.

Lo único que admitió el mandatario fueron “las irregularidades en la explotación de las minas de oro y diamantes que hay en esa gran región. Vamos a poner orden con el Arco Minero”.

El obispo de Ciudad Guayana, Mariano Parra Sandoval, pidió justicia y respeto a los derechos humanos. “Yo percibí un ambiente de mucho dolor y de mucha indignación, sobre todo ante la posición de algunas autoridades”, declaró después de hablar con los habitantes del pueblo.

El lugar exacto de la masacre, conocido como Los Peregrinos, ha sido recorrido varias veces por comisiones militares, sobrevivientes, periodistas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público sin que hayan encontrado restos humanos de los desaparecidos. Lo que si hay son casquillos de bala, ropa, zapatos, cinta adhesiva y sangre.

El reino del mal

Cuando el presidente Maduro habló del Arco Minero del Orinoco se refería a una franja de unos 111 mil kilómetros cuadrados, que se extiende desde la Guayana Esequiba hasta Colombia, donde se encuentran las mayores reservas de oro, coltán, diamantes, hierro y bauxita de América Latina.

Su intención es aprovechar las enormes riquezas de metales y piedras preciosas del país para resucitar la agonizante economía venezolana al sustituir la dependencia petrolera por la contaminante industria minera. Unas 150 empresas de 35 países ya están a la espera de las certificaciones necesarias para firmar jugosos contratos.

El problema es que desde hace más de una década, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez rescindió los contratos de explotación minera de las empresas extranjeras que operaron en el área durante décadas, sin poner en marcha un proyecto alterno. El resultado fue una industria clandestina que explota los yacimientos y controla el comercio de los minerales al margen de la ley.

La experimentada periodista local Clavel Rangel indicó que el crimen organizado se desplazó hacia las zonas mineras del sur venezolano luego de controlar Ciudad Guayana, donde funcionan las grandes empresas siderúrgicas del país.

La repartición de los yacimientos de oro y coltán se realizó a punta de tiros. Después de cruentos enfrentamientos que se intensificaron en el 2009, el territorio quedó repartido entre 4 bandas criminales encabezadas por “El Chingo”, “El Topo”, “El Negro Fabio”, “el Juancho” y “el Morocho”, escribió Rangel en uno de sus reportajes para el Correo del Caroní.

El diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, recordó con detalle el proceso de instalación de un estado forajido en el sur de Venezuela. “Empezaron el 26 de febrero del 2006. Fue una fecha trágica para la Paragua. Murieron ocho mineros y desde esa fecha la tragedia no ha parado. El oro, el coltán y el diamante de Guayana se va por los caminos verde oliva”, contó a la periodista Mariel Lozada de la publicación digital Efecto Cocuyo.

Según de Grazia los jefes de las bandas, también conocidos como “pranes”, operan como agentes de retención de las fuerzas armadas sobre las ganancias de la riqueza minera que se extrae ilegalmente. Se calcula que los grupos ilegales controlan la producción de 20 toneladas de oro al año.

(Cortesía El Estímulo)

El paso al sur

El epicentro de la tragedia es Tumeremo, un polvoriento pueblo de unos 50 mil habitantes, separado de Caracas por 900 kilómetros de carreteras deterioradas por la falta de mantenimiento y azotadas por la delincuencia. Nadie recuerda ni le importa que allí nació la primera Miss Venezuela, Sofía Silva Inserri. Su única ventaja estratégica es que está en una encrucijada donde convergen los caminos que llegan a la frontera con Brasil.

Los familiares de los desaparecidos cortaron el flujo vehicular por la carretera que permite el paso hacia Brasil al día siguiente del sangriento hecho en un intento desesperado por llamar la atención de las autoridades. Pero al sexto día, la fuerza militar se impuso de nuevo y aplastó la protesta.

Los portavoces de los organismos defensores de los derechos humanos alertan que si comprueban lo ocurrido en Tumeremo estaríamos en presencia de crímenes de lesa humanidad.

“Cada vez más la palabra Ayotzinapa (México) retumba asociada a Tumeremo. Desaparecidos, negación por las autoridades, acción impune de bandas criminales que han sido permitidas por años. Ausencia del Estado. Cuerpos que no aparecen. Negligencia. Pueblo protestando”, escribió como un presagio el columnista Damián Prat.

Pero en el sur de Venezuela ya tienen muchos años viviendo en un ambiente forajido donde manda la ley del más fuerte. Lo único que desean los familiares es que les dejen enterrar a sus muertos.

(Publicado en Yahoo en Español)

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